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EL LENGUAJE JURÍDICO COMO BARRERA COMUNICACIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES EN EL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE PANDO DURANTE LA GESTIÓN 2025
(2026-03-23) JAIME MARCELO CHIPANA CACHACA (TG-CCS/ACSYH.0055)
La presente investigación aborda el desafío crítico que enfrenta la población adulta mayor en Pando para acceder a la justicia, postulando que el lenguaje jurídico formal y la deficiente interacción institucional se configuran como barreras que vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva. El objetivo principal fue analizar la trascendencia de estas barreras en el ejercicio de los derechos. Mediante un estudio mixto que combinó encuestas, entrevistas y observación directa, se determinó que la incomprensión no es un problema individual, sino el resultado de un sistema que no comunica con claridad. Los hallazgos demuestran que el lenguaje judicial opera como un código restringido cargado de ruido semántico. Los adultos mayores identificaron tecnicismos jurídicos en documentos legales de sus casos, lo que genera una indefensión y anula su comprensión del proceso. Esta barrera lingüística se agrava por la interacción interpersonal, la cual se caracteriza por ser distante, apurada y marcada por una cultura organizacional que prioriza la eficiencia burocrática. Esta barrera psicológica se traduce en la delegación de responsabilidad, negando el derecho del adulto mayor a ser informado por la propia institución y consolidando una asimetría de poder. La consecuencia más grave de estas fallas es la pérdida de autonomía, que se materializa en la paradoja de la firma, donde el adulto mayor ratifica actos jurídicos cuyo alcance ignora, frustrando el propósito social de la justicia. En conclusión, el lenguaje jurídico y las prácticas institucionales constituyen barreras sistémicas que niegan la capacidad de defensa informada. Por ello, se recomienda al Tribunal Departamental de Justicia de Pando la urgente implementación de una Política de "Lenguaje Judicial Claro", que exija la simplificación de documentos y la inclusión de un "Anexo Resumen Ejecutivo" en lenguaje sencillo. Asimismo, se aconseja la capacitación obligatoria en comunicación y gerontología para los operadores y el establecimiento de un Punto de Asistencia Comunicacional especializado para garantizar que cada acto procesal sea un acto de conocimiento informado.